La regulación del costo de los servicios médicos privados dependerá de la región del país en que esté ubicada la clínica, su infraestructura y equipamiento tecnológico. La evaluación de estos elementos permitirá clasificar al centro de salud para determinar el porcentaje de reducción de sus tarifas. Así lo informó, ayer, Luisa Castillo, vocera de la Alianza Interinstitucional de Salud (AIS) por Cantv.
La evaluación a las clínicas a través de la regionalización es parte del convenio interinstitucional firmado, el pasado viernes, entre la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales y la Alianza Interinstitucional de Salud (conformada por 15 entes del sector público). El acuerdo beneficiará únicamente a trabajadores de la administración pública.
“No cuesta lo mismo el servicio de salud en un estado u otro. Se hacen evaluaciones de las clínicas tipo I, II, III y IV según su tecnología, complejidad del servicio e infraestructura. Ese estudio debe arrojar un puntaje donde vamos a definir su clasificación y los baremos por regiones”, precisó la vocera.
Aunque la reducción del 34% de los costos fijos de los servicios es el promedio establecido para la regulación de las clínicas, el establecimiento de una tarifa también dependerá de esa evaluación regionalizada. “La factura tiene varios conceptos por costos fijos, honorarios, medicamentos, insumos y materiales médicos. Cada uno de esos rubros tiene un porcentaje dentro de la facturación. Las proyecciones nos da un promedio de 34%”, explicó Castillo sobre los primeros rubros que se regulan.
Sin embargo, destacó que esa regulación del precio dependerá de la clasificación de las clínicas y de la región. “La dinámica económica y social es diferente en cada una de las regiones con respecto a la región capital. Esto se da por fases y la siguiente que se hace paralelamente es la discusión de la regionalización porque, por ejemplo, una casa no cuesta lo mismo en los Andes o en Caracas”.
La siguiente fase es de revisión de las clínicas del interior del país. Se comportan diferente y debemos considerar cada uno de estos elementos para fijar costos. Comenzamos con las 10 clínicas de Caracas”.
Ante este acuerdo, Pedro Del Médico, director ejecutivo de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, comentó sobre el convenio: “En principio hicimos un convenio marco donde ambas partes determinamos sobre el pago que debe realizarse en un período no mayor a 60 días. Estos descuentos tienen un costo financiero que deben cubrir”, se refirió a la AIS.
Sobre la regionalización del baremo, Del Médico indicó que el descuento depende de la magnitud de la institución. “Hará que unas tengan mayor o menor descuento. El punto de la regionalización no se ha discutido (...) debemos discutir las tarifas máximas y cómo serían aplicadas”.
Resaltó que otro de los puntos trascendentes que están por discutirse son los honorarios médicos, pues en una factura del servicio de una clínica, un 35% de ese monto pertenece al honorario médico. “Ese punto no puede quedar sin discusión”, manifestó.
Del Médico recordó que este acuerdo es exclusivo para los fondos de la alianza (empresas afiliadas) y solo será aplicado para los pacientes beneficiados por esos fondos. “No sabemos cómo afecta la reducción de costos a las clínicas pequeñas. Estamos en discusiones”, resaltó.
Sobre la primera fase del acuerdo, Castillo dijo que actualmente se define qué debe incluirse en los servicios de los cuatro rubros en los que se establecerán tarifas: hospitalización, quirófano, emergencia y terapia intensiva. “Se define qué debe estar incluido en ese servicio, por ejemplo, la atención por parte del médico residente, almohadas. En terapia intensiva incluye cama, monitor, cuidados de enfermería, una serie de derechos que no deben cobrarse aparte”, expresó Castillo.
A pocos días de firmarse el convenio que tenía casi siete meses en discusión para llegar al acuerdo, Castillo resaltó que la intención de la reducción de costos es alejarse de la visión mercantilista de la salud. Manifestó: “Varias instituciones del Estado estamos coordinando por un objetivo común como es el derecho a la salud de trabajadores del sector público. Aunque tenemos visiones diferentes nos unimos en beneficio de mejorar la calidad del servicio de salud por uno más justo y solidario”.
